Durante el seminario internacional ‘¿Industrias extractivas y desarrollo sostenible?’, analistas medioambientales de Estados Unidos, Chile, Costa Rica, El Salvador y Guatemala presentaron este jueves un informe sobre las implicaciones del cierre de minas en Guatemala.

El documento señala que los proyectos mineros tienen ‘un ciclo de vida limitado’ en el que pasan por diferentes etapas, no solo la explotación de los minerales, sino la rehabilitación y el cierre del programa o los impactos ambientales, sociales y económicos. En el caso específico de Guatemala, los realizadores del estudio, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización danesa de desarrollo IBIS con la financiación de la Unión Europea, concluyeron que la legislación y la institucionalidad vigente ‘no son consecuentes con las complejidades’ que representa la actividad minera.

‘Tanto la legislación minera como la ambiental no establecen normativas adecuadas para el proceso de rehabilitación y cierre de minas, no indican la obligatoriedad de las empresas de elaborar un plan de cierre desde las etapas tempranas de la vida del proyecto, ni el compromiso de estas de asumir los costos de implementación de dicho plan’, agrega.

Ante estas debilidades legales e institucionales, continúa el escrito, el Estado de Guatemala ‘corre el riesgo de que los titulares de los derechos mineros no asuman sus responsabilidades’, de manera que las medidas de rehabilitación y cierre tengan que ser financiadas con recursos públicos.

Se estima que, de acuerdo a la vida de los proyectos mineros actuales, en los próximos años -entre 2023 y 2038- el costo de reclamación promedio por mina que deberá asumir el Estado puede oscilar entre el 0.02 y el 0.21% del PIB.

Estas cifras son ‘superiores’ a lo que los aportes tributarios directos (impuestos y regalías) totales han representado entre 2009 y 2015. El pago realizado por el sector minero, que incluye a todas las empresas mineras, en concepto de impuestos y regalías, ha representado un promedio 0.09% del PIB de cada año, según el análisis.

Los expertos concluyeron que si el cierre de las minas no se realiza de ‘manera adecuada’, el Estado de Guatemala se podría enfrentar, ‘en el futuro’, a la aparición de ‘pasivos ambientales mineros’, es decir, ‘impactos negativos en el ambiente natural, la salud y la seguridad humana’ derivados de elementos tóxicos de minas cerradas de forma inadecuada.

Se suma, agrega, la falta de consenso sobre si las actividades mineras son parte del proceso de desarrollo de Guatemala, los niveles de conflictividad social, la poca transparencia del sector, así como beneficios fiscales y económicos para el país y las comunidades donde se localizan estos proyectos.

Por toda esta situación, IBIS e Icefi recomendaron al Estado de Guatemala la ‘suspensión en el otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera’ e iniciar ‘un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional’ para discutir si las industrias extractivas deben formar parte o no del modelo de desarrollo del país.