Las cifras de la minería ilegal en el país son alarmantes, reconoció el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel Urdinola.

Dijo que de acuerdo con cifras preliminares en cerca de 300 municipios existe minería ilegal y el Gobierno Nacional deja de recibir más de $200.000 millones, sin contar los otros gravámenes que el sector formal paga por el desarrollo de su actividad.

Reiteró que la urgencia que exista una ley con sanciones ejemplarizantes, no excarcelables que condene con mayor severidad el daño ambiental y social que la ilegalidad le está generando al país.

“Reconocemos la labor del Gobierno, la fuerza pública y los organismos de control, pero debemos emprender una acción integral de largo plazo el territorio. Para el posconflicto se requiere enfrentar la creciente minería ilegal en el país y la participación de grupos al margen de la ley que están inmersos en la actividad”, afirmó Urdinola.

En ese sentido, la Asociación Colombiana de Minería – ACM, rechazó de manera enérgica y vehemente las amenazas a varias compañías mineras y sus empleados por parte de grupos al margen de la ley.

Por ello, la agremiación propone un pacto nacional por la minería, donde se identifique, diseñe y ejecute una estrategia conjunta con comunidades, rama judicial y legislativa, organismos de control, autoridades nacionales, departamentales y locales, que permita instaurar las bases para propender por una cultura de la legalidad en las regiones que logre detener el avance de la minería criminal.