COLOMBIA: Plantean agencia de diálogo para ordenar la minería 

 Si el país quiere desarrollar una locomotora minera incluyente, resiliente y competitiva, el Estado deberá volcarse a hacer profundas transformaciones en el modelo, a través de una institucionalidad sólida, normas que promuevan la inversión, un alto nivel de información confiable y actualizada, así como mediante mecanismos que aseguren la participación y el control ciudadano en esta actividad.

Así lo señaló este miércoles el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), integrado por varios actores con diferentes visiones sobre el tema, entre los que se destacan Luis Ernesto Mejía, exministro de Minas y Energía, y Luis Jorge Garay, reconocido economista e investigador que ha coordinado trabajos sobre el impacto de la actividad extractiva en el país.

El grupo que elaboró el documento fue convocado por el Social Science Research Council y la Fundación Ford.

Una de las principales recomendaciones del documento ‘Propuestas para una visión compartida sobre la minería en Colombia’ es la creación de una agencia especializada en el diálogo intercultural, con autonomía administrativa y financiera, que tenga presencia territorial y el presupuesto suficiente para liderar un proceso informado y efectivo de diálogo nacional y regional, y de consulta en torno a proyectos específicos. Agrega que dicha entidad debe tener plena capacidad para coordinar a todas las instituciones públicas que deben ser parte de este proceso.

“La existencia de información fidedigna y comprensible sobre las principales preocupaciones de los diversos actores, y la existencia de organizaciones legítimamente representativas de los participantes y habilitadas para su representación eficaz son condiciones indispensables para el éxito del diálogo intercultural, el cual no se debe limitar a la consulta previa”, señala el documento.

Otra recomendación es la ejecución de un ordenamiento territorial progresivo y focalizado, que defina en qué zonas no se puede desarrollar actividad minera alguna y que haga un balance equitativo y técnico entre los costos y beneficios generados por la actividad minera y los que se producen al limitarla o prohibirla.

El informe explica la necesidad de determinar los tipos de minería del país, desde la formal, la ancestral y artesanal, la informal y la ilegal hasta la criminal, para establecer políticas para cada una.

Claudia Jiménez, una de las integrantes del grupo, asegura que el primer error que ha tenido el país es esa confusión entre los diferentes tipos de minería que se desarrollan, y que no ha sido capaz de captar que cada tipo de minería requiere unos elementos de política pública distintos.

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Plantean agencia de diálogo para ordenar la minería

Con Información de El Tiempo