COLOMBIA: Antioquia formaliza 47 unidades mineras 

Pese a lo complejo y polémico, es posible formalizar la pequeña minería en Antioquia, donde en regiones como el Bajo Cauca, el Nordeste y Buriticá se puede hablar de 47 unidades operando bajo el jalonamiento de las grandes compañías mineras asentadas en el territorio.

Los ejemplos del Bajo Cauca y el Nordeste han quedado registrados en un estudio de las investigadoras Elizabeth Echavarría y Natalia González Parias, que relatando cinco casos específicos muestran un panorama de lo que se puede hacer y lo que se está haciendo en el país. Incluye los departamentos de Santander, Huila, Boyacá, Bolívar (zona sur) y Antioquia, en las regiones señaladas.

Los estudios revelan que en esta actividad hay una ilegalidad del 66 % en pequeñas unidades mineras.

En Colombia, según censo de 2012, el Ministerio de Minas contó 14.357 operaciones mineras en el territorio. De ese total, el 72 % corresponde a unidades de pequeña escala. Un total de 340.000 personas dependen directamente del subsector, detalla el estudio.

Pero asociada a esta situación están la informalidad y la ilegalidad. Esta última se entiende, según la normativa nacional, como el “ejercicio de actividades de exploración y explotación en ausencia de título, o sin estar bajo el amparo de uno, y sin el correspondiente instrumento ambiental”, precisa la investigación.

En el conjunto de las unidades más pequeñas, la ilegalidad es del 66 %.

Datos de la Agencia Nacional Minera al pasado mes de marzo revelan que de 863 emergencias ocurridas entre 2005 y 2016 en Colombia, 704 sucedieron en socavones de carbón y el 74 % fueron en minas ilegales. Esos accidentes dejaron en Antioquia 233 personas muertas.

En Antioquia, la grande y la pequeña minería suelen coincidir en el mismo territorio, lo que ha sido motivo de conflicto entre ambos, especialmente por el uso de la tierra. Las grandes compañías mineras llegan a los territorios, pero allí ya están asentadas y haciendo explotación las comunidades, lo que las hace sentir dueñas y es cuando vienen los conflictos.

En el Nordeste, el proceso lo adelanta la Gran Colombia Gold, que de iniciativa propia tiene operando 16 contratos. Otros 18 fueron recién incorporados, con apoyo de la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) con el programa Bioredd. Y se sabe que se analiza la incorporación de otros 10 casos.

En las minas en operación, reseña la Asociación Colombiana de Minería -ACM-, en las 34 minas con contrato de operación hay empleados 1.719 trabajadores mineros.

En Buriticá, con la aplicación de la Ley 1658 de julio de 2013 y el Decreto 480 de 2014, que permiten que los pequeños mineros que han trabajado en títulos ajenos formalicen su actividad sumiendo las responsabilidades ambientales, la canadiense Continental Gold pudo suscribir 6 contratos de formalización con asociaciones de mineros y se benefician 583 familias.

En el Bajo Cauca, con la figura de Cesión de área (ver recuadro), Mineros S.A. posibilitó que 7 unidades de producción minera de Jobo Medio realicen explotación en un área de 126 hectáreas en benefician 35 familias de Zaragoza.

Según cifras de la anterior Administración de la Gobernación, el Departamento invirtió $17.000 millones en la formalización de procesos mineros. El apoyo de Bioredd y Usaid fue vital.

Jaime Jaramillo Arbeláez, director de Asuntos Corporativos de Mineros S.A., explica que el proceso en Zaragoza empezó sin mucha claridad, pero que con el paso del tiempo se ha ido aclarando y que fue fundamental el acompañamiento y apoyo de la Secretaría de Minas y de Usaid.

“Hace dos años venimos apoyando la intención del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Minas de facilitar la formalización de la minería informal, que es algo muy serio y trae consecuencias desde lo ambiental y lo social”, señalo Jaramillo. Dijo que es un proceso que se va construyendo y que ya tienen ocho solicitudes en trámite.

“Los mineros están dispuestos a asumir los compromisos, que son básicamente tener su plan de trabajo y obras formalizado ante la Secretaría de Minas y la licencia ambiental, que garantiza que cumplan o mitiguen los impactos”, advierte.

Rubén Darío Gómez Cano, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia -Conalminercol- reconoce las bondades de los procesos del Nordeste y el Bajo Cauca. Al de Buriticá le ve vacíos: “se manipula con una farsa de subcontratos” que no benefician tanto a los pequeños mineros de la región, dice.

Afirma que en Antioquia hay más de 3.500 pequeñas unidades mineras por formalizar, de las que viven alrededor de 250 mil personas.

“En El Bajo Cauca y el Nordeste hay más 120 mil personas que viven de la pequeña minería”, recalca.

Reseña que en zonas mineras como Anorí y Amalfi no hay procesos adelantados. En la Cuenca del Sinifaná la salida que se le ha dado al problema de los mineros de carbón es que desalojen. Igual de precario es el panorama en el Occidente y el Magdalena Medio.

No obstante, Continental Gold precisa que apoya el proceso de formalización en Buritica. La Usaid, con el programa Oro Legal, espera formalizar 220 unidades de producción minera artesanal, rehabilitar 11.500 hectáreas degradadas por la minería y apoyar la producción de 8 toneladas de oro y reducir la contaminación por mercurio en un 30%.

“En este proyecto, el sector privado y los gobiernos departamentales juegan un papel importante, ya que la empresa privada trae tecnología, sistemas formales y mercado para la minería en Colombia”, explicó Peter Natiello, director de Usaid en Colombia.

Miguel Ángel Molano, subdirector del programa Oro Legal, advirtió que en Colombia, entre 80 % y 90 % de la producción de oro, proviene de minas sin autorización.